Defensa de Petro desafía orden judicial y mantiene acusaciones contra exgerente de Coosalud
La defensa del presidente Gustavo Petro se niega a acatar una orden judicial que le exige rectificar sus declaraciones contra el exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño. Este rechazo directo a un fallo de un juez administrativo de Bogotá, que además sancionó al mandatario por incumplir, marca una escalada en el conflicto legal y político. El abogado Alejandro Carranza, representante de Petro, fue contundente al afirmar que "no daremos un paso atrás", señalando una estrategia de confrontación con la justicia en este caso.
La controversia gira en torno a las acusaciones públicas de Petro contra González Montaño, vinculadas al manejo de la EPS Coosalud. Carranza no solo reiteró los señalamientos, sino que cuestionó abiertamente las decisiones judiciales y exigió acciones penales "urgentes". En un mensaje en la red social X, el letrado sostuvo que el exgerente "debe enfrentar cargos judiciales URGENTEMENTE y debe restituir los fondos de salud a todos los usuarios". Esta postura mantiene el foco de la presión sobre la figura del exgerente, a pesar de la orden judicial en sentido contrario.
El enfrentamiento trasciende lo legal y se instala en el terreno de la política y la salud pública. Al plantear interrogantes sobre el impacto del caso en los usuarios del sistema, la defensa presidencial busca enmarcar su desacato como una defensa de los recursos de la salud. La negativa a rectificar coloca a Petro en una posición de riesgo institucional, bajo la lupa de posibles nuevas sanciones, mientras mantiene viva una acusación que podría generar mayor escrutinio sobre Coosalud y sus antiguos directivos.