Rafael López Aliaga ofrece recompensa por pruebas de supuesto fraude electoral en Perú
El candidato presidencial de ultraderecha, Rafael López Aliaga, ha escalado su campaña de deslegitimación electoral ofreciendo una recompensa económica a funcionarios. En un movimiento sin precedentes, ha prometido hasta 20,000 soles (unos 5,700 dólares) a trabajadores de la ONPE, el JNE o empresas vinculadas al proceso que le entreguen, de manera anónima, evidencias para sustentar sus acusaciones de un supuesto fraude masivo. Estas denuncias han sido realizadas sin presentar pruebas hasta el momento, en medio del escrutinio de las elecciones generales del pasado domingo y lunes.
La oferta monetaria se produce tras una serie de declaraciones incendiarias. Previamente, Aliaga exigió la detención del organizador de los comicios y la suspensión de la proclamación de resultados oficiales. Su llamado público coincide con la posibilidad de que quede fuera de la segunda vuelta electoral, un escenario que beneficiaría al candidato izquierdista Roberto Sánchez. Ante esto, el empresario y exalcalde de Lima también ha convocado a sus seguidores a la "insurgencia", intensificando la tensión política en un proceso que aún no concluye.
Esta estrategia coloca una presión directa y sin fundamento sobre las instituciones democráticas peruanas. Al incentivar monetariamente a los funcionarios electorales para que filtren información, se busca socavar la credibilidad de la ONPE y el JNE desde dentro. La táctica representa un riesgo claro para la integridad del proceso y la estabilidad política, al intentar generar una narrativa de ilegitimidad que podría utilizarse para justificar futuras acciones de protesta o desconocimiento de los resultados, independientemente de su veracidad.