Jorge Iván Ospina, con 11 investigaciones por corrupción, asume como interventor de la Nueva EPS

La designación del exalcalde de Cali y actual embajador, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor de la Nueva EPS, la EPS más grande de Colombia, ha desatado una tormenta política. Su llegada se produce mientras la entidad se encuentra bajo intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud desde abril, y en medio de un escrutinio feroz por su historial judicial. Sectores políticos y de la salud cuestionan directamente al presidente Gustavo Petro por un nombramiento que consideran inadecuado y de alto riesgo.

El núcleo de la controversia radica en la situación legal de Ospina. El exmandatario enfrenta al menos once investigaciones judiciales por presunta corrupción durante sus gestiones en Cali. Entre ellas, destaca un juicio formal por irregularidades en un contrato de alumbrado navideño de 2020, cuyo valor superó los 10.000 millones de pesos. Este historial pone bajo una lupa intensa su capacidad para liderar la intervención de una entidad de salud que maneja los recursos de millones de colombianos y que ya está en una situación de extrema fragilidad administrativa.

Frente a la polémica, Ospina ha salido a pedir tranquilidad a los usuarios, asegurando que la Nueva EPS 'no será liquidada'. Sin embargo, esta promesa choca contra la realidad de una designación que ha erosionado la confianza en el proceso de intervención. El caso expone las tensiones entre el poder político y la gestión técnica de una crisis de salud pública, y coloca a la administración Petro bajo presión por una decisión que podría complicar aún más el rescate de la principal EPS del país.