Xunta de Galicia lanza plan contra fraude en bajas laborales; Yolanda Díaz amenaza con recurso al Constitucional
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha desatado un nuevo frente de conflicto institucional al anunciar un plan específico para combatir el fraude en las bajas laborales. Durante el último debate del estado de la autonomía, el 8 de abril, Rueda cifró el problema en 70.000 bajas diarias en la comunidad, lo que supone unas pérdidas que estimó en 2.200 millones de euros, equivalente al 3% del PIB gallego. El plan, aún escaso en detalles concretos, se centrará en unidades de dolores musculoesqueléticos y psiquiatría menor, donde las tasas son más altas, y otorgará un mayor protagonismo a las mutuas colaboradoras en la revisión de las incapacidades temporales.
La reacción no se hizo esperar y procedió de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, especialmente atenta a los asuntos gallegos. Díaz se apresuró a anunciar la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional si el proyecto sigue adelante, una posibilidad que el presidente Rueda no ha dejado de alentar desde entonces. Este anuncio sitúa el plan autonómico en una colisión directa con la política laboral del Gobierno central, abriendo una batalla legal y política sobre las competencias en materia de gestión de la incapacidad temporal y el control del gasto sanitario-laboral.
El enfrentamiento trasciende el mero debate técnico y se enmarca en el historial de tensiones entre Rueda y Díaz, convirtiendo la gestión de las bajas en un campo de batalla institucional. La amenaza de recurso constitucional pone en cuestión la legalidad de la iniciativa gallega y señala un conflicto de competencias que podría retrasar o bloquear su implementación. La disputa subraya la presión sobre el sistema por el coste de las bajas y la dificultad de articular respuestas que no desemboquen en un choque entre administraciones.