Caso Púnica: Interventor acusa a Granados de urdir pagos irregulares de la Comunidad de Madrid

Un interventor del Estado ha declarado ante la Audiencia Nacional que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, diseñó un plan para canalizar de forma irregular 364.200 euros de fondos públicos a un empresario vinculado a la trama Púnica. El dinero, según la declaración, tenía como objetivo paliar las pérdidas de un concierto organizado por el empresario, el fallecido José Luis Huerta, dueño de la empresa Waiter Music. Esta acusación sitúa en el centro del juicio la presunta capacidad de Granados para manipular la contratación pública en beneficio de la red corrupta.

El juicio, que se reanudó este lunes, procesa a Granados y a otros trece acusados, entre los que se encuentran seis exalcaldes del PP de municipios madrileños. La Fiscalía sostiene que la posición de Granados —número dos del Gobierno autonómico presidido por Esperanza Aguirre— le otorgaba una posición de superioridad e influencia sobre otras autoridades y funcionarios. Se le acusa de utilizar esa influencia para favorecer la contratación irregular de Waiter Music para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013, en un esquema de presunta corrupción institucionalizada.

La declaración del interventor refuerza la tesis de la acusación y aumenta la presión sobre Granados, a quien la Fiscalía pide seis años de prisión en sus conclusiones provisionales. El caso no solo pone bajo escrutinio las prácticas del antiguo equipo de gobierno de Aguirre, sino que también expone los mecanismos de una trama que, según las investigaciones, operaba desde las altas esferas del poder autonómico y local. El desarrollo del juicio podría tener implicaciones significativas para la credibilidad de las instituciones madrileñas y del Partido Popular en la región.