Gobierno envía Ley de Discapacidad: reempadronamiento obligatorio y eliminación de beneficios en medio de crisis por coimas

En medio de la crisis política por las investigaciones de supuestas coimas que llevaron a la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el gobierno nacional ingresó al Congreso un proyecto de ley que modifica sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad. El texto, titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, propone un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios y redefine los criterios para acceder a la ayuda estatal, eliminando beneficios vigentes. Esta maniobra legislativa se produce mientras el Ejecutivo no aplica la ley actual, a pesar de que la Justicia así lo dictaminó.

El proyecto, ingresado en el Senado de la Nación, plantea la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, incluyendo los artículos 5, 8, 9, 14 y 20. Esto implica nuevas restricciones para los potenciales beneficiarios y un endurecimiento de los requisitos. La estrategia recuerda la empleada con la ley de financiamiento universitario, donde el gobierno busca ganar tiempo mediante el debate de una nueva norma, mientras incumple la vigente.

La iniciativa llega en un contexto de alta tensión institucional, marcado por la desaparición de la ANDIS y las acusaciones de corrupción que se investigan. El foco en el “fraude” de pensiones señala una posible reorientación de la política social hacia un control más estricto, lo que podría afectar a miles de personas con discapacidad que dependen de estos beneficios. El debate parlamentario que se avecina pondrá a prueba la capacidad del gobierno para manejar esta crisis mientras redefine el sistema de protección.