Gobierno de Argentina prohíbe definitivamente el uso de celulares en las cárceles
El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, derogó de forma definitiva los protocolos que permitían el uso de celulares y tecnología en las cárceles. La medida, formalizada mediante la Resolución 336/2026, pone fin a una flexibilización que se había implementado durante la pandemia y que, según las autoridades, ya no tiene sustento legal y vulnera la seguridad del sistema penitenciario.
La decisión fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, en coordinación con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Se basa en la ley 24.660 sobre la Pena Privativa de la Libertad, que regula las restricciones a las comunicaciones de los presos con el exterior. Con el fin de la emergencia sanitaria, el oficialismo argumentó que no existe justificación para mantener una excepción que compromete la seguridad.
La prohibición reinstaura el régimen de restricciones previo a la pandemia, eliminando una vía de comunicación que había permanecido abierta durante años. La medida implica un endurecimiento del control en los centros de detención y busca alinear la operación penitenciaria con el marco legal original, cerrando un capítulo de flexibilidad excepcional que generaba preocupaciones constantes sobre el orden y la seguridad dentro de las prisiones.