La investigación de Bustinduy sobre Ineco y empresas en Palestina se encalla tras seis meses de silencio
La investigación del Ministerio de Derechos Sociales sobre empresas españolas que operan en territorios palestinos ocupados se encuentra en punto muerto. Anunciada con firmeza en septiembre, la iniciativa, que apuntaba a la ingeniería pública Ineco y otras compañías, no ha producido ningún avance visible tras seis meses, sumida en un silencio administrativo total. El titular del departamento, Pablo Bustinduy, había declarado previamente que ninguna empresa con actividad en España engordaría sus cuentas con la "sangre del pueblo palestino", pero esa promesa de escrutinio parece haberse estancado sin resultados.
La investigación se basó en el llamado informe Albanese, elaborado por la relatora especial de la ONU Francesca Albanese, que identificó a más de 158 entidades con actividades en los territorios ocupados. Entre las empresas españolas mencionadas figuraban la pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, así como el gigante de la construcción ACS y la vasca Construcciones Amenábar. El ministerio, que forma parte de la cuota de Sumar en el Gobierno, evitó inicialmente nombrar a compañías concretas, pero el informe de la ONU proporcionó la base factual para su iniciativa.
La parálisis de la investigación plantea interrogantes sobre la capacidad o la voluntad política para llevar adelante este tipo de escrutinios, especialmente cuando involucran a empresas públicas como Ineco. La falta de avances contrasta con la retórica inicial y deja en el aire la aplicación práctica de las advertencias sobre complicidad en violaciones de derechos humanos. El estancamiento también sitúa bajo presión al ministerio de Bustinduy, que debe demostrar si su compromiso se traduce en acción o se diluye en la burocracia gubernamental.