La Comisión Europea se resiste a crear un impuesto europeo a los beneficios extraordinarios de las energéticas por la crisis de Irán

La Comisión Europea se niega a liderar una respuesta fiscal coordinada contra los beneficios extraordinarios que están acumulando las grandes compañías energéticas. Este rechazo se produce mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz —por donde transitaba el 20% del gas natural licuado y el petróleo mundial— disparan los precios y generan ganancias inesperadas, o 'beneficios caídos del cielo', para el sector.

Un bloque de países, encabezado por España, Alemania, Italia, Austria y Portugal, ha presionado directamente al Ejecutivo de Ursula von der Leyen. Su demanda es clara: establecer un marco legal sólido a nivel europeo para gravar estas rentas. Su objetivo declarado es evitar que el coste total de la crisis energética, que ya golpea el bolsillo de los ciudadanos, recaiga exclusivamente sobre los consumidores y las arcas públicas de cada estado.

Sin embargo, Bruselas se muestra reacia a impulsar este mecanismo comunitario, optando en su lugar por promover su nuevo plan europeo contra la crisis. Esta resistencia deja a los gobiernos nacionales sin una herramienta fiscal unificada, fragmentando la respuesta y aumentando la presión política interna en cada país para que actúen por su cuenta, mientras las eléctricas capitalizan el contexto geopolítico.