Empresarios denuncian penalmente al juez Raúl Ojeda por suspender la reforma laboral: piden prisión e inhabilitación

Un grupo empresarial ha presentado una denuncia penal contra el juez Raúl Horacio Ojeda, acusándolo de abuso de autoridad por suspender la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. El Movimiento Empresario Anti Bloqueos (MEAB) sostiene que la medida cautelar dictada por Ojeda no solo fue contraria a la Constitución y a leyes expresas, sino que generó un fuerte impacto institucional, afectando potencialmente a millones de contratos de trabajo. La denuncia, formalizada ante la Justicia Federal, busca que el magistrado sea sancionado con prisión e inhabilitación por lo que califican como un uso indebido de sus facultades.

La acción judicial fue presentada por Juan Méndez, presidente del MEAB, con el patrocinio del abogado Pablo Abdón Torres Barthé. El escrito argumenta que el juez Ojeda intervino indebidamente en un expediente iniciado por la CGT, que buscaba declarar inconstitucional la nueva normativa laboral. Según la denuncia, el 30 de marzo de 2026, Ojeda resolvió mediante esa medida cautelar suspender la vigencia de la ley, una decisión que los empresarios consideran extralimitada y sin sustento legal suficiente.

El caso expone una tensión institucional aguda entre el Poder Judicial y sectores del empresariado, y coloca bajo escrutinio la independencia y los límites de la función judicial en materia de políticas económicas sensibles. La petición de una sanción penal tan severa para un juez por el ejercicio de sus funciones marca un precedente de presión extraordinaria sobre el sistema judicial. El desenlace de esta denuncia podría influir en futuros conflictos entre sindicatos, empresas y el Estado respecto a la aplicación de reformas estructurales.