Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, deja el cargo tras ocho años de monopolio judicial y fricción con Arévalo

Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala acusada de monopolizar la justicia y de corrupción, abandona el Ministerio Público. Su salida, programada para el 17 de mayo, se produce tras ser excluida de la lista final de candidatos para sucederse a sí misma, un revés que marca el fin de su prolongada influencia institucional. Este desenlace llega en medio de una intensa presión política, con el presidente Bernardo Arévalo de León calificándola públicamente como un perfil "menos idóneo" para el cargo.

Porras, de 72 años, buscaba un tercer mandato consecutivo (2026-2030) pese a las críticas nacionales e internacionales. Su gestión de ocho años al frente de la Fiscalía estuvo marcada por constantes fricciones con el gobierno de Arévalo, quien la considera su "mayor enemiga política". La tensión se agudizó tras las elecciones de 2023, cuando la fiscal intentó anular el triunfo electoral de Arévalo, un episodio que consolidó la percepción de que utilizaba la institución para fines políticos.

Ahora, la ley otorga al presidente Arévalo la potestad de elegir al sucesor de Porras. Este cambio representa un punto de inflexión crítico para el sistema judicial guatemalteco, que ha estado bajo escrutinio por presuntas prácticas corruptas y falta de independencia. La salida de Porras abre la posibilidad de una reconfiguración del poder dentro del Ministerio Público, una institución clave que durante años fue un bastión de su influencia y el centro de las acusaciones de manipulación política.