Ecuador: Contraloría exige datos personales para ver patrimonio de funcionarios, genera críticas y acusaciones de opacidad
La Contraloría General del Estado de Ecuador ha impuesto una nueva barrera para la transparencia pública. A partir de ahora, cualquier ciudadano que desee consultar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios debe revelar su propio número de cédula, fecha de expedición y correo electrónico para validar su identidad. Esta medida, implementada por el órgano de control durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, ha desatado críticas inmediatas por restringir el acceso a información clave para el escrutinio ciudadano.
El sistema, una vez superada la identificación, solo permite visualizar información agregada: el tipo de declaración, la identificación del funcionario, su condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y los valores totales de activos, pasivos y patrimonio. El detalle específico de los bienes declarados —como propiedades, vehículos o inversiones— permanece oculto al público. Esta limitación convierte la consulta en un ejercicio de transparencia superficial, donde se conocen las cifras globales pero no su composición, dificultando la detección de enriquecimiento ilícito o conflictos de interés.
La oposición política ha reaccionado con fuerza. El expresidente Rafael Correa, líder del principal partido opositor Revolución Ciudadana, catalogó la medida como una "fuente de corrupción" y una herramienta para proteger a allegados al gobierno. La exigencia de datos personales del consultante genera un efecto disuasorio, creando un registro de quién investiga a quién y potencialmente exponiendo a periodistas y activistas a represalias. La medida sitúa al gobierno de Noboa bajo un intenso escrutinio por priorizar el control sobre la información pública en lugar de fortalecer los mecanismos anticorrupción, en un contexto donde la confianza en las instituciones ya es frágil.