Gobierno cede a Bruselas y reactiva el polémico examen de sostenibilidad de las pensiones tras presión de la Airef

El Gobierno ha dado marcha atrás y ha reactivado el examen de sostenibilidad del sistema de pensiones que Bruselas exige, tras el enfrentamiento público con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El Consejo de Ministros ha aceptado finalmente la fórmula de evaluación que reclamaba el organismo supervisor, desbloqueando un proceso que había quedado paralizado. La vía inicial elegida por el Ejecutivo había soliviantado a la Airef hasta el punto de anunciar la parálisis del examen, un requisito clave de las instituciones europeas.

Esta evaluación es profundamente polémica dentro del ecosistema institucional español. La anterior presidenta de la Airef, Cristina Herrero, llegó a catalogar el encargo gubernamental original como un “uso privativo” de los recursos de la institución, apreciando una clara “merma” de su independencia. La reactivación bajo los términos de la Airef supone una corrección de rumbo forzada, que evita un choque mayor con el supervisor fiscal pero mantiene el foco sobre la tensión entre el Gobierno y los organismos independientes en un asunto de alta sensibilidad económica y social.

La decisión despeja temporalmente el bloqueo ante Bruselas, pero deja al descubierto las presiones y la lucha por el control narrativo en torno a la sostenibilidad de las pensiones. El episodio refuerza la percepción de que el Ejecutivo busca influir en el marco técnico de un análisis cuyas conclusiones podrían tener un gran impacto político. La evaluación, ahora en marcha, pondrá bajo el microscopio el futuro del sistema y la credibilidad del proceso, bajo la atenta mirada de los mercados y las instituciones europeas.