Denuncia desde el Fondo Adaptación desnuda supuesto círculo de poder criminal en la Casa de Nariño
La exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, reveló públicamente lo que describió como una red delictiva con al menos 20 personas operando dentro del gobierno de Gustavo Petro, concentradas en la Casa de Nariño. Las denuncias, que incluyen señalamientos sobre corrupción institucional y concentración indebida de poder, provocaron un inmediato terremoto político en medio de crecientes cuestionamientos al funcionamiento interno del Ejecutivo colombiano.
El candidato presidencial Mauricio Lizcano respondió con inusual dureza al calificar la sede del gobierno como "la casa del terror". "Lo que sucede con Juliana Guerrero, la cantidad de corrupción que ella denuncia, la sed de poder de muchos de los funcionarios, las decisiones del presidente, incluso en contra de las alertas que dan", señaló Lizcano, respaldando las versiones de Rodríguez sobre un patrón de acumulación irregular de influencia dentro del palacio presidencial. La gravedad de los acusaciones ha puesto bajo escrutinio la estructura de poder del gobierno Petro y alimenta el debate sobre posibles vínculos entre funcionarios y actividades ilícitas.
Las implicaciones de esta crisis trascienden la confrontación política inmediata. La denuncia proviene de una figura con acceso directo a los niveles más altos de la administración, lo que eleva la credibilidad percibida de los señalamientos y aumenta la presión sobre las autoridades de control para investigar. El episodio profundiza las tensiones institucionales en un momento de fragilidad política para el Ejecutivo, mientras el sistema de partidos y los organismos de vigilancia enfrentan llamados a actuar con celeridad.