Gobierno de Chile bajo presión por presunta orden a sus abogados de no apelar causas contra militares presos por crímenes de lesa humanidad

Diputados del Frente Amplio exigieron a la Contraloría General de la República investigar una supuesta instrucción emanada desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que ordenaba a sus abogados no apelar ni intervenir en causas de derechos humanos en etapa de cumplimiento, particularmente aquellas que benefician a militares presos por delitos de lesa humanidad.

Aunque el ministro Fernando Rabat negó categóricamente la existencia de dicha orden el pasado miércoles, asegurando que "no ha habido una instrucción de este ministro" y que "hay que atender el contenido de las sentencias judiciales", un correo electrónico interno filtrado pone en entredicho su versión. El medio BioBíoChile tuvo a la vista un e-mail enviado desde el propio Ministerio en el que la directora del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, admite haber recibido "instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento", describiendo la comunicación como algo que va más allá de una simple sugerencia. La filtración genera interrogantes sobre el alcance real de las directrices impartedas desde la cartera y su impacto en la representación del Estado en casos sensibles.

El caso expone tensiones entre el poder ejecutivo y las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos. Los legisladores del Frente Amplio sostienen que la presunta orden podría vulnerar compromisos asumidos ante organismos internacionales y generar responsabilidad estatal ante tribunales que han condenado las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la dictadura. La investigación de la Contraloría determinará si existió una instrucción formal y, de confirmarse, qué alcance tuvo sobre la defensa jurídica del Estado en estas causas.