Fondos de pensiones privados demandan decreto que ordena trasladar $25 billones a Colpensiones: el Gobierno defiende la medida
Los fondos privados de pensiones presentaron una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar el decreto que ordena transferir cerca de $25 billones en ahorros de trabajadores hacia Colpensiones, en una puja legal que expone fricciones profundas en el sistema pensional colombiano. Las administradoras argumentan que la norma es ilegal y que perjudica directamente a los afiliados que permanecieron en el régimen privado, es decir, a millones de colombianos que nunca aprovecharon la llamada "ventana de oportunidad". El ministro de Trabajo salió al paso de las críticas asegurando que "se quedan con su dinero", defendiendo la legalidad del traslado ordenado por el Ejecutivo.
El decreto, expedido el 23 de abril de 2026, reglamenta la Ley 2381 de 2024 y establece la devolución de recursos correspondientes a quienes se cambiaron de régimen aun cuando ya estaban cerca de cumplir los requisitos de pensión. Según cifras del documento técnico que sustenta la norma, 127.167 afiliados hicieron uso de esa posibilidad para transferir sus ahorros hacia Colpensiones, y de ese grupo una parte ya se encuentra pensionada mientras otra está pronta a reunir los requisitos. El dinero en disputa incluye tanto los ahorros acumulados en cuentas individuales como los recursos del fondo de garantía de pensión mínima, lo que eleva significativamente el monto total del traslado.
La batalla judicial llega en un momento delicado para el sistema de Protección Social. El Gobierno sostiene que la medida corrige inconsistencias normativas y garantiza el derecho a la pensión, mientras los fondos privados warn que la decisión sienta un precedente preocupante para la seguridad jurídica del ahorro previsional. El fallo del Consejo de Estado podría definir el destino de los recursos de miles de trabajadores y establecer límites sobre la capacidad del Estado para reordenar flujos financieros entre regímenes pension
ales. De prosperar la demanda, el Ejecutivo podría verse obligado a revisar los mecanismos de implementación de la Ley 2381, con implicaciones directas sobre la sostenibilidad del sistema público.