Fiscalía documenta cómo Ábalos usó su poder político para colocar a su expareja en empresas públicas del Estado
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha expuesto ante el Tribunal Supremo un relato detallado sobre la intervención directa del exministro José Luis Ábalos para facilitar la contratación de su expareja, Jéssica Rodríguez, en empresas públicas como Ineco y Tragsatec, así como de Claudia Montes en LogiRail. La Fiscalía considera probado el enchufe y ha centrado buena parte de su informe en demostrar que ambas incorporaciones responden a una trama de favoritismo político orquestada desde el entorno del exministro.
Luzón ha señalado específicamente el papel de Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, como figura clave en la facilitación de al menos una de estas contrataciones. El fiscal ha descrito un patrón en el que el poder político ejercía una influencia directa sobre órganos de administración de empresas públicas, insertando a personas vinculadas personalmente a cambio de favores o lealtad. En su intervención, el representante del Ministerio Público admitió una "cierta desolación" ante la existencia de entidades públicas que, según su formulación, habían sido "casi parasitadas" por esa injerencia política.
El juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama se desarrolla en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por presunta corrupción en la tramitación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Más allá de la responsabilidad individual de los encausados, el caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno en empresas dependientes del Estado y la exposición de quienes ocupaban cargos de dirección a presiones desde el poder ejecutivo. La implicación de Pardo de Vera, actualmente investigada en la Audiencia Nacional, amplía el espectro de responsabilidad institucional en esta causa.