Congreso vuelve a inhabilitar 10 años a Delia Espinoza: la exfiscal que expuso la ley del doble sueldo militar-policial y desafió la reforma Penal
El Congreso de la República repitió este jueves una sanción sin precedentes contra Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, al aprobar por segunda ocasión su inhabilitación por diez años para ejercer función pública. La votación registró 70 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones, lo que refleja una mayoría amplia para mantener la medida disciplinaria contra la magistrates, que se había convertido en blanco de presiones legislativas tras sus denunci público contra una norma que permite cobrar simultáneamente pensión militar y sueldo parlamentario.
La controversia se profundizó cuando Espinoza presentó una denuncia penal contra once congresistas por presunta negociación incompatible, al considerar que tenían intereses directos en la promoción de aquella ley de doble percepción. Previamente, en diciembre de 2025, la misma magistrates había recibido una sanción similar por oponerse a la Ley N° 32130, que amplía la discrecionalidad operativa de la Policía Nacional en la investigación de delitos. Según advirtió Espinoza ante el Poder Judicial, ese cambio normativa deja al Ministerio Público reducido a un rol de autorización tardía, vigilancia e indicación, mientras la PNP asume la conducción efectiva de las diligencias preliminares sin contrapeso fiscal suficiente.
La repetición de la inhabilitación genera señales de alarma sobre la independencia funcional del Ministerio Público frente al Legislativo. Organismos de control y asociaciones de fiscales han señalado que el patrón de sanciones contra Espinoza coincide cronológicamente con sus denunci públicas, lo que incrementa la presión sobre la institucionalidad judicial en un momento de alta visibilidad del poder legislativo. El caso también atrae atención sobre el alcance real de la Ley N° 32130 y sus efectos en la capacidad investigativa del Estado, particularmente en la etapa inicial de las pesquisas penales donde la intervención del fiscal resulta determinante.