Escuela de Yoga Buenos Aires: Jueza Servini procesa a tres líderes clave por trata de personas y lavado de dinero
La jueza federal María Romilda Servini firmó un fallo de 491 páginas que procesó a tres miembros de la cúpula de la Escuela de Yoga Buenos Aires, la organización investigada por explotación sexual y lavado de activos. La decisión marca un punto de inflexión en una causa que lleva años avanzando en tribunales federales. Marcelo Guerra Perkowicz —hijo adoptivo del fundador Juan Perkowicz—, María Beatriz Bugari y Mariano Krawczyk fueron acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la trata de personas agravada, con al menos siete víctimas identificadas, y de lavado de dinero. Los embargos impuestos son contundentes: 1.200 millones de pesos para Guerra Perkowicz y Bugari; 400 millones para Krawczyk. Ninguno de los tres recibió prisión preventiva.
El fallo llega apenas diez días después de que Servini asumiera el control del expediente tras la salida del juez Ariel Lijo. La rapidez de la resolución sugiere que la magistrada encontró elementos sólidos para avanzar sobre la cúpula de una organización que, según la investigación, operaba bajo la fachada de una escuela espiritual. Juan Perkowicz, el líder histórico ya octogenario, permanece como figura central del caso aunque su situación procesal no fue modificada en esta instancia. La causa se ha convertido en uno de los expedientes más complejos sobre explotación sexual en Argentina, con múltiples líneas de investigación que incluyen estructuras financieras opacas y captación de víctimas bajo promesas de desarrollo personal.
Las consecuencias del procesamiento podrían extenderse hacia otros miembros de la organización y hacia el patrimonio que, según la fiscalía, fue acumulado mediante actividades ilícitas. El monto de los embargos indica que la justicia considera que existe un flujo financiero significativo vinculado a la explotación de las víctimas. La Escuela de Yoga Buenos Aires enfrenta ahora un escrutinio judicial sin precedentes, con la posibilidad de que nuevas pruebas deriven en más imputaciones. El caso también pone bajo la lupa los mecanismos de captación y control que, según la acusación, permitieron la explotación sistemática de al menos siete personas.