Justicia colombiana confirma responsabilidad solidaria de Karen Abudinen en caso Centros Poblados: prohíben disponer de apartamento en Barranquilla
Un juzgado de Bogotá confirmó la presunta responsabilidad de la exministra Karen Abudinen en el escándalo del contrato de conectividad rural Centros Poblados, al avalar una medida cautelar que impide a la exfuncionaria disponer de su apartamento en Barranquilla. La decisión, emitida por el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio, señala que Abudinen ejercía como ordenadora del gasto y, por tanto, no quedó exonerada de supervisar el contrato pese a haber delegado funciones en la entonces secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El contrato en cuestión fue adjudicado a una unión temporal liderada por el empresario Emilio Tapia, quien ya enfrenta procesos judiciales relacionados con la misma trama. Según la investigación, la falta de control y vigilancia sobre la ejecución del acuerdo generó un daño considerable al patrimonio público. La magnitud del perjuicio provocaría que las autoridades exploren la posibilidad de recuperación de activos dentro del proceso de extinción de dominio.
La medida cautelar impide que Abudinen venda o transfiera el inmueble, adquirido antes de su llegada a la cartera ministerial. El caso sigue bajo escrutinio judicial mientras las autoridades evalúan el alcance de las responsabilidades y el posible impacto fiscal del escándalo.