Exfiscal General Álvaro García Ortiz recurre al Constitucional su inhabilitación por filtrar datos del caso Ayuso

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para anular su condena por revelación de secretos. La sentencia del Tribunal Supremo, que le inhabilitó por dos años y le impuso una multa de 7.200 euros, queda ahora bajo el máximo escrutinio constitucional. El caso gira en torno a la filtración de información de la causa por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, un episodio que ya fracturó al alto tribunal con un ajustado fallo de cinco votos contra dos.

La defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, alega en su recurso, al que ha tenido acceso EFE, una vulneración grave de derechos fundamentales. Concretamente, denuncia la lesión de su libertad de expresión y de la tutela judicial efectiva. Además, cuestiona la "desproporción de las medidas y falta de motivación" del registro ordenado por el juez Ángel Hurtado en su domicilio, un argumento que busca desmontar la base probatoria de la condena.

Este movimiento legal no solo prolonga la batalla judicial de una figura clave del Ministerio Público, sino que mantiene la presión sobre las altas esferas de la justicia y la política. El recurso sitúa al Tribunal Constitucional en la delicada posición de revisar un fallo del Supremo que ya fue controvertido, reabriendo el debate sobre los límites de la confidencialidad en causas de alto perfil político. El desenlace podría tener implicaciones significativas para el estándar de conducta exigible a los fiscales generales y para el manejo de información sensible relacionada con figuras públicas.